Los apuros de Perú para repartir su riqueza ilustran por qué los populistas siguen en boga

15 enero 2008

Por Por Bob Davis
The Wall Street Journal

El gobierno de Perú tiene un problema que sería la envidia de muchos políticos: no puede gastar todo el dinero que tiene disponible. Cerca de US$3.000 millones se han acumulado en el banco estatal, una suma enorme para un gobierno con ingresos tributarios anuales de cerca de US$15.000 millones.

Las crecientes ventas de cobre, oro y gas natural están llenando las arcas de Perú con regalías e ingresos tributarios. Eso hace que se enfrente al reto que comparten muchos países en desarrollo que disfrutan del auge de los commodities: decidir qué es lo mejor que puede hacer con estas ganancias inesperadas.

Chile está ahorrando ingresos del cobre en un fondo que ha creado para "tiempos difíciles", cuando caigan los precios de las materias primas. Los países ricos en petróleo de Medio Oriente están comprando participaciones en empresas en Occidente. Venezuela vive una ola de importaciones, mientras Chad, un productor africano mucho más pobre, está malgastando sus ganancias a través de la corrupción.

El gobierno de Perú, país donde cerca de la mitad de la población vive en el umbral de la pobreza, dice que su prioridad es distribuir la riqueza. Eso supone una decisión tan política como económica. Países cercanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador están gobernados por presidentes populistas porque los votantes rechazaron los políticos que eran vistos como amigos de las élites. En Perú, un candidato populista perdió por un estrecho margen en 2006.

"El tema principal en Perú", dice el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, "es cómo lograr que el dinero del gobierno llegue a la gente".

Desde 2002, la economía de este país montañoso de 29 millones de habitantes ha crecido a una robusta tasa de 5,9% al año. Pero, al igual que en muchas naciones pobres, las riquezas han ido a parar en su mayor parte a las manos de aquellos que trabajan en altas torres de oficinas y viven en los barrios residenciales. Mientras tanto, muchos en el interior del país siguen sin electricidad o un sistema decente de servicios sanitarios. Para reducir la brecha, Perú ahora divide su parte de los ingresos mineros y de gas natural entre el gobierno central y las zonas periféricas.

Sin embargo, muy pocos municipios rurales han utilizado el dinero de manera efectiva. Las normas del gobierno exigen que el dinero se invierta principalmente en infraestructura, lo que ha generado un miniboom de plazas de toros, estadios de fútbol y otros proyectos que logran votos para los alcaldes locales. Pero en realidad, la mayor parte del dinero permanece en el banco. En términos generales, dice el ministro de Minas Juan Valdivia, las localidades gastaron cerca de un tercio de lo que les correspondió en 2007.

Las normas peruanas están diseñadas para dificultar el gasto y así asegurar la disciplina fiscal, un recordatorio de su historia de hiperinflación, corrupción y centralización. Pocos alcaldes rurales y sus equipos de trabajo están preparados para el diseño de proyectos, presupuestos, ofertas competitivas o supervisión financiera.

Para reducir la brecha de conocimiento, el gobierno del presidente Alan García ha recurrido al sector privado, pero eso no ha ayudado mucho. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ahora está reclutando a ex presidentes ejecutivos jubilados para que enseñen habilidades gerenciales en los municipios.

En 2006, el gobierno de García negoció una contribución "voluntaria" de la industria minera de US$800 millones durante cinco años (en vez de un impuesto sobre las ganancias extraordinarias) para ser gastada en proyectos rurales cerca de las minas. Como parte de su contribución, las minas de Buenaventura ayudaron a reconstruir escuelas en la región andina de Huancavelica.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial ha preparado a empleados municipales en la población de Baños del Inca, cerca de una enorme mina de oro en la parte norte de los Andes, para que puedan usar software de presupuesto y de compras para cumplir con las normas del gobierno.

Los recursos del pueblo provenientes de su riqueza mineral se han disparado de US$1 millón a US$17 millones en los últimos cinco años y el dinero se está utilizando para mejorar los sistemas de irrigación y de aguas. Aún así, el pueblo sólo está gastando la mitad del dinero que tiene disponible, dice Javier Aguilar, un gerente de proyecto del IFC.

Ante la frustración, el gobierno de García está trabajando en un plan para gastar un tercio de los recursos mineros ya sea en cheques para los residentes rurales o en obsequios para las comunidades locales. El dinero de la minería "debería generar proyectos económicos alternativos", opina Javier Diez Canseco, un ex congresista de izquierda.

El Banco Interamericano de Desarrollo tuvo una idea más segura. En 2003, le pidió a Perú que depositara las regalías del gas natural en un fondo que sería manejado por una comisión independiente que revisaría solicitudes de financiación de grupos comunitarios y municipios. La idea era que el dinero llegara rápidamente a proyectos que valieran la pena y hubiera menos resistencia política. El Congreso de Perú rechazó el plan. El resultado: tras cinco años de auge económico, los pobres de las zonas rurales de Perú han visto muy pocos cambios en sus vidas.